Los gobiernos municipales y la pobreza: propuestas para 2021 – 2024

Agustín Escobar Latapí*

31 de mayo de 2021

En años recientes se produjo en México una tendencia a que los tres niveles de gobierno actuaran de manera similar ante la pobreza. Los estados imitaban los programas federales, y los municipios imitaban lo que hacían los estados.

En años recientes se produjo en México una tendencia a que los tres niveles de gobierno actuaran de manera similar ante la pobreza. Los estados imitaban los programas federales, y los municipios imitaban lo que hacían los estados. Era posible encontrar, por ejemplo, adultos mayores con acceso a tres programas de transferencias incondicionales para adultos mayores, al mismo tiempo que amplios grupos de población carentes de bienestar y de cualquier acceso a apoyos.

Ante la pregunta “¿Qué deben hacer los municipios ante la pobreza?” entonces, la principal respuesta es: no copiar los programas sociales de otros niveles de gobierno, sino ejecutar las funciones propias de su nivel de gobierno de tal manera que se reduzcan la pobreza y las brechas entre ricos y pobres.

En este brevísimo texto abordo tres que corresponden propiamente a los gobiernos municipales: 1) la infraestructura y los servicios municipales, incluyendo la infraestructura denominada social, 2) la seguridad y el orden público y 3) el acceso a la ciudad, sus servicios y sus oportunidades (en el supuesto de que se trata de municipios urbanos). Al final matizo lo afirmado inicialmente, para recomendar que 4) los municipios atiendan algunas brechas de atención que se han originado en la desaparición de programas federales.

1) Democratizar e igualar la infraestructura y los servicios municipales. La medición de la pobreza en México es multidimensional. Una dimensión que se considera de manera explícita como una dimensión de la pobreza es el acceso a servicios en el hogar. Estos servicios dependen de infraestructura. Aunque hay tensiones sociales y políticas, es obligación de los gobiernos municipales procurar la igualdad en el acceso a estos servicios. Una revisión de las zonas urbanas, y de la división centro – colonia – periferia, muestra importantes desigualdades. Hay sistemas de visualización de datos de INEGI y de CONEVAL que permiten hacer diagnósticos sub-municipales de infraestructura y su relación con la pobreza:

A) Grado de accesibilidad a carretera pavimentada (GACP). Se encuentra en proceso de actualización y está por publicarse en la primera quincena de junio del 2021. liga: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Grado_accesibilidad_carretera.aspx

B) Pobreza urbana. Se puede hacer una visualización por Google Earth y tiene información sobre infraestructura y otros datos de pobreza.
liga: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/POBREZA-URBANA-EN-MEXICO-2015.aspx

C) Visor Geoespacial de la pobreza y COVID-19, en este producto se realiza un monitoreo diario de casos activos y positivos de COVID-19 y su vínculo con los espacios de mayor incidencia de pobreza. Adicional a lo anterior, el visor cuenta con información de pobreza en zonas metropolitanas y por AGEB urbanas, de algunas carencias sociales, del grado de accesibilidad a carretera pavimentada y se encuentra disponible en la siguiente liga: https://coneval.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b1dc36ef3b954ba7aa198b3777cf4911

D) Plataforma de análisis territorial de la pobreza, es un sistema que ofrece información del contexto territorial de los municipios y se enfoca directamente al análisis de la población en situación de pobreza, es importante mencionar que dentro de sus dimensiones de análisis está el de infraestructura. La información está en la siguiente liga electrónica: https://patp-coneval.hub.arcgis.com/.


Se debe aprovechar el momento: el Censo 2020 está ya disponible, y estas herramientas permiten afinar el diagnóstico en espacios pequeños. Los gobiernos municipales podrán reducir la pobreza por este medio al disminuir la cantidad de hogares carentes de acceso a servicios. Un primer paso de los nuevos presidentes municipales debería ser completar este diagnóstico antes de hacer planeación de obras y servicios públicos. Conviene incorporar el diagnóstico, y su plan de acción, al programa de desarrollo municipal.


2) Seguridad y orden público. Parece una broma cruel de las zonas pobres y marginadas de los pueblos y las ciudades decir que los que menos tienen son los que enfrentan mayor riesgo de perderlo todo, pero es cierto. Esto tiene dos vertientes. Una que remite a la seguridad física, relacionada con la construcción en zonas poco adecuadas para la habitación. Estas zonas son pobladas por personas de escasos recursos porque la tierra es barata, o porque nadie más la quiere. La otra vertiente es la seguridad ante el robo y la violencia. Ante el deterioro general de la seguridad, las zonas de escasos recursos se han convertido en espacios donde los jóvenes son acosados sistemáticamente por la policía, y donde los robos a casa habitación son sistemáticos, de tal manera que rara vez se puede dejar la vivienda sola por temor a perder las pocas posesiones de valor. Conocemos ciudades donde las mujeres de estas barriadas no salen a trabajar principalmente porque tienen que cuidar la casa mientras los demás están ausentes.

La violencia actual tiene vertientes particularmente dolorosas. La mayor parte de los muertos son hombres jóvenes. Pero el asesinato se ha vuelto la principal causa de muerte de los niños y niñas. Y el feminicidio ha surgido en nuestra sociedad, de manera prácticamente impune. Volver a cuidar las vidas de las personas, pero particularmente las de los niños y las mujeres, es una tarea urgente que no se está atendiendo. Para esto hay que democratizar la seguridad. Aunque hay casos conocidos de asesinatos de personas adineradas (hechos que también son reprobables), la inmensa mayoría de estos corresponden a personas de escasos recursos.

La primera recomendación consiste entonces en producir un atlas de riesgos municipales, que esté actualizado sobre todo en los barrios más precarios. Allí es donde los desastres son más probables. Es muy recomendable que este atlas se incorpore al plan municipal de desarrollo.

La segunda recomendación urgente es hacer todo lo posible porque la policía mejore los niveles de seguridad de las barriadas pobres, y para que mejore su relación con esos pobladores, de tal manera que se sientan protegidos y no amenazados por ella. Esta iniciativa no es inédita pero su cumplimiento debe vigilarse y los cuerpos policíacos deben ser continuamente re-entrenados para poder cumplir con esta misión. ¿Cómo ganarse la confianza de los más débiles? La combinación policía – DIF probablemente sea la que tiene más oportunidad de reducir los feminicidios y los infanticidios. Es necesario recurrir a expertos, pero la urgencia de esta tarea es insoslayable.

Con estas recomendaciones se reduce la pobreza de dos maneras. Primero, el costo de reponer bienes básicos del hogar empobrece y endeuda más a los hogares de escasos recursos. Segundo, al tener hogares seguros más personas del hogar pueden salir a trabajar, y la pobreza por ingresos también disminuye.

3) Brindar acceso a la ciudad y sus oportunidades. En nuestro libro El futuro de los jóvenes pobres en México concluimos, entre otras cosas, que incluso en ciudades medias los jóvenes carecen de medios eficientes y de costo adecuado para acceder a la ciudad y a sus oportunidades. Este no es sólo un problema de las metrópolis. Aunque es útil e importante que haya programas de vales de transporte para estudiantes (estos vales democratizan el acceso a la educación de nivel secundario y superior), es más importante que los jóvenes trabajadores tengan acceso a descuentos o vales de transporte. Una dimensión de esto es física: las colonias originadas en el boom inmobiliario de 2001 – 2008 tienen malas conexiones con el resto de la ciudad, de tal manera que no es raro que la población trabajadora tenga que salir de ellas a las 4:30 am. En este sentido, el diagnóstico de infraestructura de comunicación es básico para democratizar el acceso al empleo: para que los trabajadores lleguen en mucho menos tiempo a empleos formales urbanos. El segundo aspecto es económico y de organización. Normalmente en estas barriadas los sistemas de transporte colectivo tienen ramales informales (en mototaxis, o con transportistas sin concesiones formales). Estos transportistas no tienen tratos con otros, y por lo tanto los jóvenes trabajadores deben pagar dos o tres transportes muy deficientes, que además son lentos.

La recomendación es formalizar el transporte hasta las colonias lejanas, y simultáneamente emprender un programa de descuento o de vales para jóvenes hombres y mujeres trabajadores, para que no tengan que conformarse con empleos informales o ilegales mal pagados en sus propias colonias, sino que accedan a otras oportunidades urbanas. No es mala idea focalizar estos programas por la dirección del solicitante en su INE, más que por un estudio socioeconómico. Las barriadas y colonias de las que estamos hablando se caracterizan por la elevada prevalencia de la pobreza.

El mayor acceso a las oportunidades laborales externas a estas colonias, y la reducción del costo de acceso, permitirá a estos jóvenes aumentar sus ingresos laborales y reducir sus gastos, con lo cual su pobreza disminuirá.

3) Suplir programas desaparecidos. Aunque a nivel municipal un diagnóstico particular permitirá establecer cuáles son las necesidades prioritarias, a nivel nacional hay dos brechas de atención significativas que los gobiernos municipales pueden atender, a través de sus DIF, pero con recursos nuevos y aumentados.

a) El primero es el de guarderías y estancias infantiles. Este programa, según evaluaciones externas, permitió aumentar la capacidad de trabajo de los hogares de bajos recursos (normal pero no únicamente mujeres). Obviamente su diseño y operación deben cuidarse, pero el personal capacitado existe y podrá colaborar con esta iniciativa. Se debe aprender de lo hecho, para retomar lo positivo y mejorar lo negativo. El programa estaba correctamente focalizado y mejoró los ingresos de los hogares. La principal crítica fue que su capacidad formativa a nivel pre-escolar era muy limitada. Corresponde a los gobiernos municipales suplir esta carencia, o alcanzar acuerdos con los gobiernos estatales para que estos provean el personal encargado de ese nivel, mismo que ahora es obligatorio en México.


b) El segundo es el servicio de salud. La capacidad de la secretaría federal de salud ha decrecido notablemente durante los últimos dos años. En 2019 se surtieron muchos menos medicamentos, y no se ha expandido la infraestructura en salud. Cada municipio puede posicionarse según su propia decisión: por una parte, no hay duda de que estos servicios escasean, y que la mayor oferta de servicios corresponderá a una demanda que ya existe. Por otra parte, algunos municipios pueden escoger servicios especializados que ya no se prestan a nivel federal (cáncer, o enfermedades crónicas, o lo que sea significativo en el municipio). Hasta ahora los DIF municipales y la Cruz Verde han cubierto algunas de estas necesidades, pero en el trienio que se avecina la brecha de atención será mayor, y por lo tanto es altamente recomendable expandir los servicios municipales.


Estas dos acciones, u otras derivadas del retiro del gobierno federal, podrán disminuir la pobreza al a) disminuir las carencias de acceso efectivo a ciertos servicios, y b) permitir aumentar o recuperar las posibilidades de trabajo y producción de distintas maneras.

Las anteriores recomendaciones pretenden detallar la manera en que el cumplimiento adecuado de las funciones de los gobiernos municipales pueden reducir la pobreza. Desde luego, hay otras: los municipios que puedan atraer inversión, los que puedan mejorar su infraestructura educativa y de salud estatal o federal, también reducirán sus niveles de pobreza. Sin embargo, es importante que los municipios se centren en las facultades y obligaciones que les corresponden.



Bibliografía:
La información de sistemas de visualización de carencias, de infraestructura y de pobreza fue provista por Alida Marcela Gutiérrez, de CONEVAL. Le agradezco su generosidad.
Escobar Latapí, Agustín et al. (2021), El futuro de los jóvenes pobres en México. San Luis Potosí: El Colegio de San Luis y otros.
Como criterio de acceso prioritario al programa contaba el que el o la solicitante fueran madre o padre sin pareja.


*Agustín Escobar Latapí: Es antropólogo y sociólogo. Se ha especializado en empleo, pobreza y migración, y en las políticas públicas que tienen mejor desempeño antes esos fenómenos. Es investigador fundador de CIESAS Occidente, y consejero fundador de CONEVAL.